La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia aseguró que López cuenta con todos sus derechos políticos agregando que él puede hacer campaña o fundar partidos, lo que no puede es ejercer cargos de administración pública.
Video de Globovisión subido por Noticias24
eluniversal.com/
La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena restituir los derechos políticos al ex alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, Leopoldo López, no puede ser cumplida por la justicia venezolana, aseguró este martes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales.
"Él (Leopoldo López) administrativamente está inhabilitado y nosotros no podemos levantar esa inhabilitación, porque además de eso él tiene todo un proceso al cual pudiera recurrir en caso de que hubiese alguna duda", sentenció Morales durante una entrevista en el programa "Dando y Dando" transmitido por la estatal Venezolana de Televisión.
Morales advirtió que la sentencia de la CIDH confunde la inhabilitación política con la inhabilitación administrativa al tiempo que aseguró que López cuenta con todos sus derechos políticos. "Debemos fijarnos en que la inhabilitación administrativa es de otra naturaleza, es para poder administrar o manejar fondos públicos", indicó.
"Hay una circunstancia de tipo técnico del derecho que hay que aclarar: la decisión de la Corte Interamericana realmente se basó en hechos que no correspondían a la realidad porque trataron el caso del ciudadano Leopoldo López como si él estuviera inhabilitado políticamente y el señor Leopoldo López nunca estuvo inhabilitado políticamente, él tuvo una sanción de carácter administrativo que en Venezuela está perfectamente establecida", dijo la presidenta del TSJ.
"La sentencia hay que leerla en el verdadero sentido porque se declara inejecutable lo que nos ordena la Corte de dejar sin efecto la inhabilitación administrativa. Venezuela no puede incumplir los tratados que ha firmado y ha firmado tratados en contra de la corrupción y hemos desarrollado instrumentos justamente porque nos obligamos a unos tratados internacionales y esa inhabilitación es uno de los instrumentos jurídicos que nos permiten ir contra la corrupción administrativa", agregó.
"Ellos confundieron, sin entrar a analizar lo que es el derecho interno venezolano, confundieron dos tipos de inhabilitaciones diferentes", destacó Morales.
Asegura la presidenta del TSJ que López puede hacer campaña y fundar partidos, lo que no puede es ocupar cargos administrativos. "Puede hacer cualquier tipo de gestión ahora eso no puede confundirse con las condiciones de elegibilidad ese es otro punto que no se ha presentado pero si el señor Leopoldo López se presentara ante el CNE", señaló.
"El ciudadano Leopoldo López no está inhabilitado políticamente ni ha estado, él puede ejercer todos sus derechos políticos, en Venezuela hay una gama de derechos políticos extensos, se fundan partidos, se puede hacer campaña electoral, se puede hacer cualquier tipo de gestión, ahora, eso no debe confundirse cuando se opta a un cargo de elección popular con las condiciones de elegibilidad", dijo.
"Es como si yo dijera que quisiera ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia pero yo fuera menor de edad", ejemplificó Morales asegurando que "esa inhabilitación es uno de los instrumentos jurídicos que nos permite ir en contra de la corrupción administrativa".
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La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena restituir los derechos políticos al ex alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, Leopoldo López, no puede ser cumplida por la justicia venezolana, aseguró este martes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales.
"Él (Leopoldo López) administrativamente está inhabilitado y nosotros no podemos levantar esa inhabilitación, porque además de eso él tiene todo un proceso al cual pudiera recurrir en caso de que hubiese alguna duda", sentenció Morales durante una entrevista en el programa "Dando y Dando" transmitido por la estatal Venezolana de Televisión.
Morales advirtió que la sentencia de la CIDH confunde la inhabilitación política con la inhabilitación administrativa al tiempo que aseguró que López cuenta con todos sus derechos políticos. "Debemos fijarnos en que la inhabilitación administrativa es de otra naturaleza, es para poder administrar o manejar fondos públicos", indicó.
"Hay una circunstancia de tipo técnico del derecho que hay que aclarar: la decisión de la Corte Interamericana realmente se basó en hechos que no correspondían a la realidad porque trataron el caso del ciudadano Leopoldo López como si él estuviera inhabilitado políticamente y el señor Leopoldo López nunca estuvo inhabilitado políticamente, él tuvo una sanción de carácter administrativo que en Venezuela está perfectamente establecida", dijo la presidenta del TSJ.
"La sentencia hay que leerla en el verdadero sentido porque se declara inejecutable lo que nos ordena la Corte de dejar sin efecto la inhabilitación administrativa. Venezuela no puede incumplir los tratados que ha firmado y ha firmado tratados en contra de la corrupción y hemos desarrollado instrumentos justamente porque nos obligamos a unos tratados internacionales y esa inhabilitación es uno de los instrumentos jurídicos que nos permiten ir contra la corrupción administrativa", agregó.
"Ellos confundieron, sin entrar a analizar lo que es el derecho interno venezolano, confundieron dos tipos de inhabilitaciones diferentes", destacó Morales.
Asegura la presidenta del TSJ que López puede hacer campaña y fundar partidos, lo que no puede es ocupar cargos administrativos. "Puede hacer cualquier tipo de gestión ahora eso no puede confundirse con las condiciones de elegibilidad ese es otro punto que no se ha presentado pero si el señor Leopoldo López se presentara ante el CNE", señaló.
"El ciudadano Leopoldo López no está inhabilitado políticamente ni ha estado, él puede ejercer todos sus derechos políticos, en Venezuela hay una gama de derechos políticos extensos, se fundan partidos, se puede hacer campaña electoral, se puede hacer cualquier tipo de gestión, ahora, eso no debe confundirse cuando se opta a un cargo de elección popular con las condiciones de elegibilidad", dijo.
"Es como si yo dijera que quisiera ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia pero yo fuera menor de edad", ejemplificó Morales asegurando que "esa inhabilitación es uno de los instrumentos jurídicos que nos permite ir en contra de la corrupción administrativa".
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