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Diego Arria. El precandidato presidencial independiente opina que "fuera de lo que significa la Ley de Costos y Precios Justos como un factor de distorsión de la economía, de la inversión y un golpe casi mortal a la producción nacional, en el fondo es un instrumento de criminalización selectiva de los productores venezolanos". Añadió que este tipo de medidas forma parte de la intención gubernamental "de liquidar el sistema de iniciativa privada y la propiedad". Dijo que en "la medida que sigamos adaptándonos pasivamente a este proceso de destrucción de la democracia y la libertad vamos a llegar a octubre de 2012 molidos". Para Arria la aprobación de esa Ley "debería poner en la calle a los venezolanos a salir a protestar". Vaticinó que las consecuencias directas de la aplicación de ese instrumento legal es "desabastecimiento y desempleo, porque colapsarán muchas de estas empresas". Explicó que "este régimen perverso siempre dice que va a castigar a los empresarios, pero el peor castigo es a los trabajadores". El diplomático y aspirante presidencial asegura que la Asamblea Nacional Constituyente será fundamental, ya que un aspecto principal es desmantelar "esta telaraña de leyes que han montado" y "que hará inviable cualquier desarrollo del país a futuro".
Henrique Capriles. El gobernador de Miranda y precandidato presidencial a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, señaló desde Táchira, donde participó en la Cumbre de Gobernadores, que "con esta ley el Gobierno intenta a un mismo tiempo frenar la inflación y afianzar el control político que mantiene sobre el sector privado. Las regulaciones y los controles arbitrarios y excesivos no sólo fracasan en su intento de controlar la inflación, peor aún, generan escasez, desinversión, desempleo y corrupción. Así ha ocurrido con todas las leyes y controles punitivos que a lo largo de la historia han intentado evitar el alza de los precios, y lamentablemente, este caso no será diferente. Las sociedades modernas han demostrado que el acceso sostenido a fuentes de empleo de calidad y a bienes y servicios en condiciones de abundancia, calidad, variedad y economía, sólo se logran en un ambiente de libertad económica y con una regulación inteligente del Estado". Capriles Radonski ha expresado que como parte de su programa de Gobierno él impulsará un levantamiento gradual del control de precios, para evitar que una suspensión abrupta de las medidas aplicadas por el actual Gobierno disparen el costo de los productos.
Leopoldo López. "Ante una economía controlada y artificial debe imponerse una economía abierta y productiva con el sello Hecho en Venezuela. El costo para los venezolanos de una economía como la que se está implantando tiene tres implicaciones muy negativas: mayor escasez, aumento de la inflación y mayor desempleo. Pretender controlar artificialmente todo, ahogando a las empresas, es exactamente lo contrario a lo que tenemos que hacer", dijo el precandidato de Voluntad Popular desde Maracay. "Se equivocan quienes piensan que controlando protegen al pueblo, lo que hacen es empobrecerlo más, sumergirlo más en la dependencia. No renunciamos al rol regulador del Estado, porque creemos en un Estado fuerte, pero lo que debe hacerse es promover decididamente la inversión privada. Debe promoverse que miles de venezolanos que quieren invertir en nuestro país lo puedan hacer sin el temor a una represalia, a un hostigamiento. Vamos a impulsar un círculo virtuoso: generar más bienes que hagan de la escasez un tema del pasado, abatir la inflación y producir los millones de empleos, de calidad y bien remunerados, que se necesitan. Esto es Progreso, esto es La Mejor Venezuela" afirmó López en un alto durante su encuentro con comerciantes.
María Corina Machado. "Al asumir el Gobierno le ordenaré al superintendente de Costos que suspenda cualquier medida que atente contra la propiedad y el libre comercio", dijo la diputada y precandidata presidencial ante la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos. Señaló que solo fomentando la libertad de producción y de mercado los venezolanos tendrán oportunidades de empleo. Añadió que con la inspección de la Superintendencia de Costos adelantada ayer "lo que se inicia es una persecución implacable contra la propiedad, los productores, los comerciantes grandes, medianos y pequeños". "La evidencia de una economía que llaman socialista, pero lo que busca es esconder el comunismo cubano, está a la vista. La fuerza de los hechos es contundente: han destruido la capacidad productiva del país, más de la mitad de la carne y la leche que antes se producía en Venezuela ahora es importada", apuntó la candidata. Aseguró que serán los venezolanos los que no permitirán que el Estado atente contra su bienestar. "Lo que quieren es poner a los productores y a los consumidores de rodillas, eso no lo vamos a permitir. Hemos entendido que solamente con la confianza, con la inversión podremos tener toda una Venezuela viva, dinámica y segura".
Pablo Medina. "Actualmente el país tiene una economía de puerto, es decir, importa desde el chicle hasta la comida de los venezolanos, por lo que ésta ley no tiene sentido, va en contra de el tratado de comercio de los gobiernos del ALBA". Para el precandidato "la nueva Ley de Costos y Precios Justos va a generar mayor desempleo y lamentablemente la economía se irá a pique. "Chávez lo que busca es apretar las tuercas de la economía nacional, aplicando el modelo soviético stalinista, regulando el mercado, los niveles de producción, el ahorro, la inversión, el consumo, los precios y los salarios, él quiere controlar toda la hacienda y riqueza nacional, así como los ingresos de los ciudadanos". Destacó que "la Ley es 'inentendible', lo que ha generado es un descontento y un rechazo total". Advirtió que sólo desencadenará más pobreza, más miseria, más colas y escasez en los establecimientos comerciales. "Definitivamente Chávez odia a Venezuela, su mayor deseo es empobrecer a los trabajadores, controlar sus vidas, quiere descender los estratos sociales; no para que aumente la clase media sino para que aumente la clase pobre. Quiere lograr que todos los ciudadanos sean unos asalariados. Venezuela con esta nueva ley terminará comiéndose un cable".
Pablo Pérez. "El Gobierno lo que quiere es acabar con la producción nacional. Aquí el inversionista venezolano ha tenido que dejar su iniciativa en el país para dedicarse a la importación. Este es un Gobierno que se ha basado en la economía de importar, buscando hacerle negocios a quien tiene esa particularidad y a quienes tienen actividades relacionadas con los dólares y con la importación de productos, dejando un lado la producción venezolana. Lo que sí está bien claro, es que debe haber una medida y una articulación de diálogo frente a los factores de producción. No podemos ir al extremo de querer acabar con la producción nacional, debemos impulsarla. Los comerciantes, al ver el costo de los productos, no querrán seguir produciendo sino que preferirán exportar", dijo el precandidato presidencial y gobernador del estado Zulia. Pérez, desde Táchira, criticó una vez más que el Gobierno Nacional someta a los residentes de ese estado a un racionamiento de gasolina en un país petrolero. Denunció que el Gobierno de Hugo Chávez lo que busca con la nueva ley es amparar la escasez que se vive en Venezuela. Insistió en que la normativa sobre costos y precios lo que hará será disparar la inflación y acabar con la iniciativa privada.
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