El coordinador nacional del Comando Venezuela, Leopoldo López, garantiza el despliegue de los testigos en todos los centros de votación (GUSTAVO BANDRES)
PEDRO PABLO PEÑALOZA
ElUniversal
Carmen Monasterios vive en el sector Corapal del estado Vargas. No se corta al confesar su edad. "Son 39 años, todavía puedo decirlo", y cierra la oración con una sonora carcajada.
Tiene dos varoncitos, el mayor de 13 años y el segundo de 6, producto de un matrimonio de 16 años. "Aunque si le sumas el noviazgo, son 26 años con mi esposo", redondea. Ha dedicado su vida a la enseñanza. Educadora de profesión, trabaja en la escuela Carmen Felicia Colón de Macuto.
Y otra cosa: Carmen es hoy uno de los soldados anónimos del ejército que el Comando Venezuela ha desplegado en todo el país para proteger los votos de Henrique Capriles Radonski el 7 de octubre.
"No nos van a agarrar fuera de base, ya tenemos los testigos", pica adelante. Carmen es la coordinadora del centro electoral ubicado en la Unidad Educativa Nacional Corapal. Debe contactar y entenderse con sus pares de las áreas de Activismo, Defensa del Voto y Operación Progreso. "Nos reunimos una o dos veces por semana, pero el trabajo es diario con el volanteo, el casa por casa y las actividades del comando regional y nacional", enumera.
No le ha tocado una zona fácil. "Aquí el chavismo es muy fuerte, pero no tenemos miedo, la gente está resteada", asegura con entusiasmo, al tiempo que resume en una frase buena parte de la tarea que le han encomendado: "¡que no nos vayan a meter gato por liebre!".
Zona roja
Las paredes del piso 4 del Comando Venezuela, en Bello Monte, están tapizadas con planos de estados y municipios del país. Los mapas parecen sufrir varicela, salpicados de puntos rojos. Unos más claros, otros más intensos. Estos últimos acaparan la atención de Leopoldo López, coordinador nacional del Comando Venezuela.
El 7 de octubre funcionarán 13.810 centros de votación. De ese total, la oposición identificó 5.339 como centros "clave", lugares donde la ausencia de testigos de la Unidad ha podido facilitar la "manipulación humana de las máquinas". Allí sufraga 18% del padrón.
Los centros "clave" están desperdigados por toda la República. Hay en Trujillo, enclavados en escarpadas montañas. En los Llanos, donde las vías son una verdadera guillotina. En La Guajira, cerca de bastiones guerrilleros. Y hasta en la parroquia 23 de Enero en pleno corazón de Caracas, acosados por colectivos armados.
La responsabilidad de López es tener representantes en esos espacios. "Cada centro es un desafío", admite. Mientras habla, revisa en su tableta estadísticas y bases de datos. Allí están los nombres, teléfonos y correos electrónicos de las piezas de la maquinaria. Son los cientos de Carmen Monasterios que están dispuestos a luchar por el triunfo de Capriles Radonski.
"Esto nunca se había hecho", destaca López. Cada centro reproduce la estructura del Comando Venezuela. Luego, entre el coordinador del centro y los testigos de mesa hay un "conector" que facilita el manejo de la información. En total, son 1.400 "conectores" que deberán encargarse cada uno de diez mesas y que tendrán a 140 supervisores encima.
No es cuestión de fe. El Comando Venezuela audita y "reaudita" a sus colaboradores. Hasta el jueves, habían contactado telefónicamente al 92% de los coordinadores de centro. Superada esa etapa, viene la verificación personal, cara a cara, que avanza a diario. Se trata de tener una relación directa con el centro de votación.
El objetivo es que el contingente de testigos alcance la cifra de 120 mil. Hasta el jueves, ya contaban con 72% auditado.
Para evitar sobresaltos, el Comando Venezuela formó una coordinación con un nombre bastante sugerente: "Día D", dirigida por Alejandro Plaz, fundador de Súmate, y que se encargará de garantizar la preparación de los testigos, medir el flujo de electores el 7 de octubre y la totalización. La meta del Comando Venezuela es acarrear 3 millones de votantes.
Como sea
A Parima, parroquia del municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, solo se llega en helicóptero. "¡Y allí tendremos testigos!", lanza enfático Juan Arturo Torres.
Torres, de 30 años, trabaja en la Gobernación como comisionado especial para el Alto Orinoco. Bajo su control tiene 14 centros de votación. Cuenta que debe "recorrer por agua" la zona puesta sobre sus hombros.
Solo en La Esmeralda, capital del municipio, hay señal de Internet. Además, en la región la venta de combustible depende de los militares. "Como a nosotros no nos venden, tenemos que comprar un tambor en el mercado negro por 1.500 bolívares, cuando el precio legal es 14 bolívares", relata.
Ningún abuso amilana a Torres. "Unos educadores yanomami son nuestros testigos en Koyowaiteri y llegaremos hasta Sipoi. Tendremos testigos en todos lados", promete.
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